La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) y Cáritas han presentado en Madrid el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014. Fruto de un vasto trabajo de investigación sociológica realizado en los últimos cinco años y en el que ha participado un equipo de más 90 expertos e investigadores de 30 universidades de nuestro país, el Informe analiza de forma exhaustiva –a lo largo de casi 700 páginas, ocho capítulos y un anexo– cuestiones como el modelo social de nuestro país, la actual distribución de la renta, los procesos de exclusión social, el mercado de trabajo, el estado de bienestar, qué nueva sociedad surgirá tras las crisis, el capital social y cultural, y la situación de España en el entorno internacional.
Las constataciones del VII Informe FOESSA –cuyos principales contenidos han sido expuestos conjuntamente por Sebastián Mora, director ejecutivo de FOESSA y secretario general de Cáritas Española, y por Francisco Lorenzo, coordinador del Informe y responsable de Estudios de Cáritas– ofrecen tanto elementos para la preocupación, dada la envergadura de los efectos que la crisis ha tenido en la estructura social del país, como razones para la esperanza, a la luz de las fortalezas que muestran ámbitos como la participación social, la solidaridad, el voluntariado y las redes familiares.
El Informe entra de lleno en el análisis de nuestro modelo de desarrollo social, en el que destacan los altos niveles de desigualdad salarial, la limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos y un sistema de prestaciones reducido, poco protector en el tiempo y que no se adecua a las necesidades de los hogares en función de sus características.
Con ello, si el crecimiento era el «buque insignia» de ese modelo social antes de la crisis, ahora estamos en un momento en el que son las necesidades de ajuste las que guían las decisiones políticas y las que construyen nuestro imaginario colectivo. De nuevo, se queda fuera del foco la necesaria incidencia sobre los elementos estructurales que están en la base de un modelo a reformar.
Se señala cómo los efectos de la crisis en la renta en nuestro país son preocupantes, ya que el porcentaje de hogares afectados simultáneamente por problemas de privación material y de pobreza monetaria ha aumentado casi un 50% en los últimos años.
Además, la crisis no ha afectado a todos por igual, ya que se ha cebado con las rentas más bajas y ha afectado a la convergencia territorial entre Comunidades Autónomas, que se ha ralentizado. De hecho, se dan diferencias sustanciales en la incidencia de la exclusión social en territorios con niveles de riqueza similar.
Aumento de la exclusión social
De la envergadura de este deterioro da cuenta el hecho de que el núcleo central de la sociedad española considerado en situación de integración social plena es ya una estricta minoría y en la actualidad representa tan solo el 34,3%, mientras que en 2007 superaba el 50%.
Esto significa que la población excluida en España asciende ya al 25% y afecta a más de 11.746.000 personas. De ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa. Además, hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 personas excluidas ya estaban en esta situación antes de la crisis.
La precariedad afecta a ámbitos como la vivienda y la salud. De los 11,7 millones de excluidos, el 77,1% sufren exclusión del empleo, el 61,7% exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud.
En cuanto al perfil sociológico, son las familias de mayor tamaño las que más afectadas se han visto, sobre todo familias en las que hay muchos niños y muchos jóvenes.
Asimismo, se multiplica de forma generalizada la vulnerabilidad de la juventud. Dos datos: el 35% de los jóvenes vive en hogares excluidos y el 27% de los jóvenes desocupados está fuera del sistema educativo. Como se indica en el Informe, en cierto sentido puede hablarse de una«generación hipotecada».
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